-NO LLORES POR MI ARGENTINA...
-MONSEÑOR VICTORIO BONAMIN-
-ESCENA COTIDIANA EN TODO EL PAIS-
-INTEGRANTES DE LA JUNTA MILITAR-
-GENERAL JORGE RAFAEL VIDELA-
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-LUNAR NEGRO DE LA HISTORIA ARGENTINA-Proceso de Reorganización Nacional es el nombre con el que se autodenominó la dictadura cívico-militar que gobernó la Argentina entre 1976 y 1983, como consecuencia del golpe estado del miércoles 24 de marzo de 1976, que derrocó al gobierno constitucional de la presidenta María Estela Martínez de Perón e instaló en su lugar a una junta militar encabezada por los comandantes de las tres Fuerzas Armadas: Jorge R. Videla (Ejército), Emilio E. Massera (Armada) y Orlando R. Agosti (Fuerza Aérea). La dictadura también suele ser referida simplemente como "el Proceso".
Los golpistas tomaron al poder en un contexto de violencia creciente, caracterizado por acciones de terrorismo de Estado llevadas adelante por las Fuerzas Armadas y el grupo parapolicial Triple A y la actuación de organizaciones guerrilleras como Montoneros (de tendencia peronista) y el ERP (de orientación marxista). La violencia política, que se venía incrementado significativamente desde fines de los años sesenta, fue la principal justificación utilizada por los golpistas para derrocar al gobierno constitucional, aunque la mayoría de los analistas coinciden en que dicha justificación encubría la voluntad de imponer en el país un régimen económico neoliberal, a tono con los requerimientos y exigencias que planteaban en esos momentos el Fondo Monetario Internacional y los Estados Unidos de Norteamérica a los países latinoamericanos.
La Junta Militar llevó a cabo una acción represiva en la línea del terrorismo de Estado conocida mundialmente como la Guerra Sucia, coordinada con las demás dictaduras instaladas en los países sudamericanos mediante el Plan Cóndor, que contó con el apoyo de los principales medios de comunicación privados e influyentes grupos de poder civil, la protección inicial del gobierno de los Estados Unidos y la pasividad de la comunidad internacional.
El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Los individuos detenidos en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares.
La política económica del Proceso de Reorganización Nacional quedó a cargo de los sectores civiles que promovieron el golpe de estado. Bajo el liderazgo del empresario y estanciero José Alfredo Martínez de Hoz, se puso en práctica una serie de reformas económicas radicales, siguiendo las nuevas doctrinas neoliberales de la Escuela de Chicago, que tendieron a desmontar el Estado de Bienestar, desindustrializar y concentrar la economía argentina y a fomentar el sector financiero y la concentración de tierras en manos de los grandes estancieros. Socialmente, el Proceso se caracterizó por aumentar notablemente la pobreza, que alcanzó a un tercio de la población, cuando en la décadas anteriores la misma no había superado el 10%.
El Proceso fue gobernado por cuatro juntas militares sucesivas, integradas por un representante de cada una de las fuerzas armadas:
- 1976-1980: Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti
- 1980-1981: Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini, Omar Domingo Rubens Graffigna
- 1981-1982: Leopoldo Fortunato Galtieri, Basilio Lami Dozo y Jorge Isaac Anaya
- 1982-1983: Cristino Nicolaides, Rubén Franco, Augusto Jorge Hughes
En cada una de estas etapas, las juntas nominaron como presidentes de facto a Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Leopoldo Fortunato Galtieri y Reynaldo Benito Bignone respectivamente, todos ellos integrantes del Ejército.
El gobierno dictatorial se completó con una Corte Suprema de Justicia designada por la Junta Militar, integrada por los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada.
En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.
En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se habían reabierto 959 causas penales en las que 211 acusados se encontraban con prisión preventiva.
-El golpe de estado del 24 de marzo de 1976-
El golpe de estado perpetrado el miercoles 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, la Argentina era el único país del Cono Sur que mantenía un régimen democrático, en tanto que todos los países vecinos estaban gobernados por dictaduras militares (Banzer en Bolivia, Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Stroessner en Paraguay y Bordaberry en Uruguay), sostenidas por Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de la Seguridad Nacional.
A mediados de 1975 una delegación de empresarios liderada por José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino se entrevistó en secreto con el entonces general Jorge Rafael Videla, comandante en jefe del Ejército, para expresarle la preocupación de los grandes grupos económicos porque "se estaba impidiendo la libertad de trabajo, la producción y la productividad" y solicitarle a las Fuerzas Armadas que aseguraran "el imperio del orden sobre todas las cosas". Desde ese momento, las reuniones entre empresarios y militares se hicieron frecuentes, con la destacada mediación de Jaime Perriaux, director de empresas como La Vascongada y Citroën. La última de esas reuniones se realizó con el entonces almirante Eduardo Massera, comandante en jefe de la Armada.
En octubre de 1975, los militares y empresarios golpistas comenzaron a reunirse con la jerarquía de la Iglesia Católica y de líderes de partidos políticos como la Unión Cívica Radical y el Partido Federal, que se comprometieron a no oponerse.
En febrero de 1976 el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe. El plan contemplaba la necesidad de "encubrir" como "acciones antisubversivas", la detención clandestina de activistas y opositores, desde la noche misma del golpe.
El 21 de marzo de 1976 el diario derechista La Nueva Provincia de Bahía Blanca criticaba a los políticos que daban prioridad a mantener el régimen democrático y reclamaba abiertamente el golpe militar:
En el ámbito internacional, el golpe fue previsto por la inteligencia estadounidense y anticipado por William P. Rogers al Secretario de Estado de Estados Unidos, Henry Kissinger, en su reunión semanal el día 24 de marzo de 1976. Este expresó su apoyo expresando el interés de Estados Unidos en el golpe, y su deseo de alentarlos y no hostigarlos, a pesar de las advertencias de William P. Rogers acerca del probable baño de sangre y las matanzas no sólo a terroristas sino a disidentes en sindicatos y partidos políticos.
A la una de la madrugada del 24 de marzo de 1976, el general José Rogelio Villarreal inició el golpe de estado diciéndole a la presidenta Isabel Martínez de Perón:
Simultáneamente con el golpe, esa misma noche, se realizaron centenares de secuestros y arrestos, principalmente de activistas y dirigentes sindicales en áreas industriales estratégicas, como el Gran Buenos Aires, Córdoba y la zona que se extiende desde el Gran Rosario hasta San Nicolás.
El primer día la Junta Militar dictó 31 comunicados. El comunicado Nº 1 dice:
El comunicado N.º 19 estableció:
Ese mismo primer día se impuso la pena de muerte y los Consejos de Guerra (Ley 21.264):
-Inicio del Proceso-
El mismo 24 de marzo de 1976, los golpistas organizaron un gobierno dictatorial que impuso, como "órgano supremo del Estado", una Junta de Comandantes de las tres fuerzas armadas (ejército, marina y aviación). El origen tripartito del poder, durante el Proceso de Reorganización Nacional, estableció una situación de independencia virtual de cada fuerza que, en más de una ocasión, llevó a que actuaran sin comunicación alguna entre ellas y hasta a enfrentarse entre sí. La primera junta militar estuvo integrada por Jorge Rafael Videla (Ejército), Emilio Eduardo Massera (Marina) y Orlando Ramón Agosti (Aviación).
También se dispuso que el mando directo del país quedaría en manos de un "presidente", con facultades ejecutivas, legislativas y judiciales, designado y supervisado por la junta. El primer presidente designado fue el ex general Jorge Rafael Videla.
Los golpistas disolvieron el Congreso Nacional, derrocaron a las autoridades provinciales (gobernadores y legislaturas) y destituyeron a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, designando en su lugar a los abogados Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride y Federico Videla Escalada, que asumieron el 2 de abril.
Finalmente la estructura de gobierno nacional se completó con la Comisión Asesora Legislativa (CAL), integrada por tres militares designados por cada fuerza, con "facultades de asesoramiento legislativo en representación de las Fuerzas Armadas".
Los autores e ideólogos del golpe decidieron autodenominarse como Proceso de Reorganización Nacional, aludiendo de ese modo a dos conceptos fundamentales de la dictadura:
- a) que se trataba de un "proceso" y que como tal "no tenía plazos sino objetivos";
- b) que había que "reorganizar" radicalmente al país, implementando reformas que modificaran profundamente la economía, las relaciones laborales, el sistema político y la cultura nacional.
"En ejercicio del poder constituyente" la Junta de Comandantes impuso una serie de "principios liminares", "objetivos básicos", actas y estatutos para la Reorganización Nacional, al que deberían someterse todas las otras leyes incluida la Constitución vigente, en lo que pudiera resultar aplicable aún. Cuatro fueron la principales normas supraconstitucionales establecidas:
- Reglamento para el funcionamiento de la Junta Militar, Poder Ejecutivo y Comisión de Asesoramiento Legislativo (aprobado por la denominada "ley" 21.256, realizada el 24-03-1976 y publicada el 26-03-76);
- Acta para la Reorganización Nacional (realizada el 24-03-1976 y publicada el 29-03-76);
- Estatuto para la Reorganización Nacional (publicado el 29-03-76);
- Acta fijando el Propósito y los Objetivos Básicos del Proceso de Reorganización Nacional (publicada el 31-03-76).
Cinco días después del golpe, el 29 de marzo, asumió Videla como presidente, y a continuación asumieron sus ministros:
Las empresas y grupos civiles que participaron en la organización del golpe se instalaron principalmente en el Ministerio de Economía, que se le entregó al Consejo Empresario Argentino asumiendo su presidente, el empresario José Alfredo Martínez de Hoz, como ministro. La Secretaría de Ganadería le correspondió a la Sociedad Rural Argentina, representada por Jorge Zorreguieta. Por su parte, el Banco Central le fue entregado a la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA), siendo designado el economista Adolfo Diz, ex Director Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional y adscripto a la Escuela de Chicago. Como Secretario de Estado de Programación y Coordinación Económica, fue nombrado Guillermo Walter Klein de la Cámara Argentina de Comercio. El Ministerio de Educación también estuvo a cargo, desde un inicio, de un grupo de civiles provenientes del CONICET (Fundación FECIC), siendo nombrado Ricardo Bruera. Más adelante otros ministerios también quedaron a cargo de los grupos civiles, como el de Justicia, el de Relaciones Exteriores, el de Defensa y el de Salud. Por otra parte, a partir del la "presidencia" de Viola, el Ministerio de Economía se desdobló en varios ministerios que estuvieron a cargo de las organizaciones empresariales.
El esquema del poder dictatorial se completó con la designación de "gobernadores" en cada provincia e "intendentes" en las ciudades. La designación de "gobernadores" en las provincias, recayó casi siempre en un militar, con excepción de caso de Jujuy donde fue designado el político Horacio Guzmán de la Fuerza Federalista Popular. En el caso de los "intendentes" de ciudades, en un gran número de casos se trató de políticos civiles, entre ellas la ciudad de Rosario, la segunda del país. Los partidos políticos, explícita o implícitamente, aportaron un total de 794 "intendentes" de la dictadura, divididos según la siguiente pertenencia:
- Unión Cívica Radical: 310
- Partido Justicialista: 169
- Partido Demócrata Progresista: 109
- Movimiento de Integración y Desarrollo: 94
- Fuerza Federalista Popular: 78
- Movimiento Popular Neuquino: 23
- Partido Demócrata Cristiano: 16
- Partido Intransigente: 4
- Partido Socialista Democrático: 1
Simultáneamente, y en superposición con el esquema formal de autoridades, la dictadura mantuvo el sistema de zonificación militar del país, que había sido dispuesto el 28 de octubre de 1975, mediante la Directiva del Comandante General del Ejército 404/75 (Lucha contra la subversión). Según el régimen de zonificación militar, el país quedaba dividido en 5 zonas militares, correspondientes a los cinco cuerpos en que se dividía el ejército. Al comandante de cada cuerpo del Ejército le correspondía hacerse cargo de la zona. Cada zona estaba dividida a su vez en subzonas y áreas y cada uno de los jefes de zona, subzona y área tenía mando directo para la represión en su jurisdicción. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires era una subzona, ubicada dentro de la Zona 1; a su vez la subzona Ciudad de Buenos Aires, estaba dividida en 6 áreas. Los jefes de zona y subzona actuaban con total autonomía. Su capacidad para tomar decisiones que implicaran violaciones de derechos humanos era absoluta. El General Martín Balza los definió como "señores de la guerra... verdaderos señores feudales...". Al momento del golpe, las cinco zonas estaban al mando de los siguientes generales:
- Zona 1: Guillermo Suárez Mason
- Zona 2: Ramón Genaro Díaz Bessone
- Zona 3: Luciano Benjamín Menéndez
- Zona 4: José Montes
- Zona 5: Abel Teodoro Catuzzi-
Fuera de la estructura de mandos ya descripta, la dictadura creó Grupos de Tareas y centros clandestinos de detención (CCD) que, en algunos casos, dependían directamente de la Marina o de la Fuerza Aérea. Tal fue el caso de la ESMA, el CCD más grande que funcionó en el país.
-La «guerra sucia»-
Durante el Proceso, decenas de miles de personas fueron detenidas, torturadas, asesinadas y desaparecidas o forzadas al exilio, como parte del plan de exterminio del gobierno militar, quienes atentaban contra los derechos humanos.
El número exacto de desaparecidos no ha sido establecido: los organismos de derechos humanos estiman la cantidad en unos 30.000; y, hasta 2007, la Subsecretaría de Derechos Humanos tenía registradas aproximadamente 15.000 víctimas. La CONADEP documentó 8.961 casos. Sin embargo, estas cifras nunca han sido aceptadas por los defensores de la dictadura militar que, inclusive, hacen hincapié en algunos casos aislados de supuestos desaparecidos que han retornado a la vida pública como la Dra. Carmen Argibay, actual integrante de la Corte Suprema de la República, para poner en duda todas las acusaciones contra la dictadura sobre las violaciones a los derechos humanos que, no obstante, han sido probadas en las cortes nacionales e internacionales. Cientos de ciudadanos extranjeros figuran también en las listas de víctimas, entre ellos de nacionalidad alemana, española, italiana, griega, sueca, francesa, entre otras.
Entre los desaparecidos se encuentra un número de niños que se estiman entre 250 y 500, los cuales fueron adoptados ilegalmente luego de que nacieran en los centros clandestinos de detención. Existe una organización denominada Abuelas de Plaza de Mayo que se ha dedicado a localizarlos, y que hasta diciembre de 2009 ha encontrado a 100 nietos secuestrados por la dictadura.
Durante el tiempo de la dictadura militar de 1976 a 1983 funcionaron centros clandestinos de detención, encontrándose a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) y el Garage Olimpo entre los más conocidos en la Ciudad de Buenos Aires. En la Provincia de Buenos Aires, El Campito (también conocido como Los Tordos), El Vesubio, La Perla, el Pozo de Banfield, en la provincia de Córdoba, Regimiento 9, La Polaca, Campo Hípico y Santa Catalina en Corrientes.
Estas acciones de represión ilegal, para los defensores de la «teoría de los dos demonios», constituyeron la llamada guerra sucia y agravaron la situación de ilegitimidad e ilegalidad en que habían incurrido las Fuerzas Armadas al interrumpir el orden constitucional.
Los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el Proceso fueron investigados en 1984 por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) que produjo el famoso informe Nunca Más.
Por estos crímenes, las tres juntas de comandantes que gobernaron el país entre 1976 y 1982 (se excluye la última) fueron juzgadas y condenadas en 1984. Otros responsables han sido enjuiciados y condenados tanto en Argentina como en otros países. Los procesos han continuado varias décadas después de los hechos.
-Encarnizamiento contra las minorías-
Dentro del marco ideológico del Proceso, heredero en muchos aspectos del nazismo, el concepto de nacionalidad excluía cualquier forma de heterogeneidad posible. Esta búsqueda de homogeneidad de la sociedad dejaba al costado las minorías tomando en cuenta, por ejemplo, sus raíces (judíos, descendientes de los pueblos originarios, etc.) su orientación sexual y su identidad de género (homosexuales, lesbianas, transexuales, etc.) o sus creencias religiosas (Ateos, Testigos de Jehová, etc.).
Estas minorías fueron tratadas con especial ferocidad por los represores, creándose incluso comandos especiales con dedicación exlusiva (como es el caso del Comando Cóndor, dedicado a perseguir personas homosexuales). En el caso de las víctimas judías, el antisemitismo sistemático llevado a cabo en los distintos centros clandestinos de detención fue un hecho constatado ya desde el informe Nunca Más y por posteriores investigaciones y trabajos. Los Testigos de Jehová fueron discriminados durante el servicio militar de sus fieles, no permitiendo la práctica común llevada a cabo con otros credos religiosos de permitir a sus autoridades el exceptuarse, y obligando a todos a hacer cuatro años de servicio (tres más que el resto de los ciudadanos) siendo, además, sometidos a torturas y asesinatos. Los descendientes de amerindios vieron cómo las villas miserias eran arrasadas por los distintos planes de erradicación, sobre todo en el marco de la organización de la Copa Mundial de Fútbol de 1978.
-Secuestro de niños-
El Proceso llevó a cabo distintas actuaciones relacionadas con los hijos de los secuestrados, entre los cuales hubo incluso mujeres embarazadas las cuales dieron a luz, en muchos casos, en cautividad.
Cuando en los domicilios de los "objetivos" de los grupos de tareas había niños, éstos podían ser secuestrados (chupados) o dejados en la casa de algún vecino. La práctica habitual de los grupos de tareas fue el hacer la repartija de los niños secuestrados, dándolos en adopción a familias de militares o de civiles relacionados con las Fuerzas Armadas. De todos modos, en el informe Nunca Más también hay testimonios de secuestrados que pudieron escuchar los gritos de sus propios hijos mientras eran torturados, lo cual era una estrategia de tortura psicológica hacia los padres, con el objetivo de desmoronarlos moralmente.
Fue una práctica habitual, cuando los objetivos recibían la primera sesión de tortura en su domicilio al momento de ser secuestrados, el realizarlas independientemente de que pudiera haber niños presentes, los cuales eran testigos de todo el proceso.
En el caso de las mujeres embarazadas, el régimen de exclusión se volvía algo menos severo, pero la mujer no recibía prácticamente ninguna atención medica, incluso en el momento del parto, el cual podía realizarse en el suelo de su celda, el piso de una cocina, etc. Las mujeres daban a luz normalmente en soledad, o auxiliadas por otro secuestrado, y hay testimonios que certifican que, inmediatamente después del parto, las mismas madres debían limpiar los restos de sangre, placenta, etc., que habían quedado desperdigados.
-Desaparecidos destacados-
Según la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), creada al final de la dictadura por el gobierno constitucional de Raúl Alfonsín, el número de desaparecidos —de acuerdo a la cantidad de denuncias judiciales presentadas por víctimas y familiares— es de 8.961 personas , pero grupos defensores de los derechos humanos como las Madres de Plaza de Mayo y el Servicio Paz y Justicia, estiman que hubo 30.000 desaparecidos. Un informe de la inteligencia chilena estimaba el número de desaparecidos en 22.000 personas en 1978, según un informe de los EEUU. Hasta 2003 la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina tenía registrados 13.000 casos.
Entre los más de 30.000 desaparecidos según los organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y otros, se encuentran:
- Héctor Germán Oesterheld
- Nació en Buenos Aires en 1922. A fines de la década del 40 comienza escribiendo cuentos infantiles, publicados por la Editorial Abril. Luego colabora en la mítica revista Mas Allá, y en 1950 publica su primer historieta, «Alan y crazy». Hacia 1955 publica «Sargento Kirk» y «Bull Rokett». En 1957, con dibujos de Solano López, publica la primera parte de «El Eternauta», que se convertiría en la más famosa historieta argentina. Hector G. Oesterheld, como otros miles de argentinos, fue secuestrado y desaparecido en 1977 por la dictadura militar.
- Boris Spivacow
- Además de ser gerente de Eudeba durante ocho años y fundador del Centro Editor de América Latina (CEAL), José Boris Spivacow resistió con las armas de la cultura a la dictadura que le quemó un millón y medio de ejemplares. La plaza ubicada en la esquina de Las Heras y Austria en Buenos Aires lleva su nombre, a partir de una iniciativa conjunta de la Biblioteca Nacional y de la Cámara Argentina del Libro.-
- -En Argentina muchos equipos de antropólogos forenses trabajan para identificar los cuerpos de las víctimas de la dictadura militar que fueron enterradas en tumbas anónimas.-*Si el video demora en reproducirse poner "PAUSA" para que cargue y luego pulsar "PLAY"--Fuente:Wikipedia-RT-Investigacion-Edicion:ALBERTO ALIEN-(EL CONTENIDO U OPINION DE LA FUENTE NO COINCIDE OBLIGATORIAMENTE CON LA DE FILEALIEN-46)
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